María Márquez. Madrid

José María Cazalis, del Grupo Vasco.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha hecho dos anuncios de calado en la sesión plenaria del Senado. Por un lado, José María Cazalis (GPV) ha sido informado sobre la futura creación de un Fondo de Garantía Asistencial que evitará, según la ministra, “que los problemas recaigan sobre los ciudadanos” y que compensará por asistencia de desplazados entre autonomías. Y respondiendo al socialista Roberto Lertxundi, Mato ha recalcado que los informes recibidos sobre la píldora poscoital son “variados y contradictorios”, por lo que el Consejo Asesor de Sanidad decidirá sobre ellos. Consejo que seguirá siendo presidido por Joan Rodés porque, según la ministra, “lo ha hecho muy bien”.

El 28 de marzo vencía el acuerdo bilateral firmado por el País Vasco y La Rioja para dar una tregua al conflicto transfronterizo que les ha enfrentado en los últimos meses de 2011. Esta ha sido la advertencia con la que José María Cazalis, portavoz del Grupo Vasco, ha iniciado su pregunta a la ministra Ana Mato sobre qué papel jugará el Ministerio en esta situación. Lo que Cazalis ha denominado “problema de base política” que el Ministerio “debe desactivar”, ha sido objeto de reflexión para Mato, quien ha anunciado un nuevo Fondo de Garantía Asistencial, que se regirá por “las normas del Fondo de Cohesión” constituyendo, según Mato, “un sistema ágil que compense a las autonomías por las actuaciones que sus servicios de salud realicen con los desplazados temporalmente así como por el uso de servicios sanitarios de otras autonomías distintas a la residencia habitual”. La ministra ha definido su decisión como “un paso firme hacia el Pacto por la Sanidad” y ha admitido que había comunicado sus intenciones esa misma tarde a los Gobiernos autonómicos.
 

Roberto Lertxundi, portavoz del PSOE.

Lertxundi acusa a Mato de dejarse llevar por la facción más conservadora del PP

Entre definiciones científico-técnicas, listados de países y números varios ha transcurrido el debate sobre los motivos del Gobierno para solicitar informes que valoren la libre dispensación de la píldora poscoital, surgido a raíz de la interpelación del socialista Roberto Lertxundi. El senador ha acusado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, de “dejarse llevar por la ideología” de la facción más conservadora de su partido a la hora de poner en duda que dicho fármaco siga administrándose sin prescripción médica.

Sesenta países y la OMS avalan, en opinión de Lertxundi, la “eficacia y seguridad” del levonogestrel, principio activo de la píldora poscoital, además de las más de 800.000 dosis vendidas en 2011 en España, con una población femenina potencialmente usuaria de 9 millones de personas.

La OMC quiere la píldora con receta y la SEGO choca con la ficha técnica del fármaco
 

La ministra Ana Mato.

El ‘contraataque’ de la ministra al PSOE también se ha basado en países, tecnicismos y números, pero sobre todo en la recomendación que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) formuló en 2008 en dos direcciones: estudiar el uso de la píldora sin receta al cabo de un tiempo y valorar su dispensación a menores. Esto es, según Mato, lo que le ha impulsado a solicitar los ya célebres tres informes (SEGO, OMC y Aemps), definidos por ella de “variados y contradictorios”.

En concreto, la ministra ha explicado que la SEGO ("sus conclusiones no se corresponden con la ficha técnica de la píldora") y la OMC (“opina que no es una buena estrategia de salud pública” y aboga por el cambio en el modelo de dispensación) se contraponen mientras que la Aemps “prácticamente no se pronuncia”. Así que la estrategia de la ministra sigue siendo la misma que la anunciada la pasada semana en la Comisión de la Cámara alta, es decir, acudir al Consejo Asesor de Sanidad, presidido por Joan Rodés, quien ocupa el cargo desde la anterior etapa del Gobierno popular. Por otro lado, y a propuesta de Lertxundi, Mato se ha comprometido a solicitar otro informe a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia.